POR MARIBEL HASTINGS
WASHINGTON, DC -- El presidente de la Cámara Baja, John Boehner, republicano de Ohio, escribió un artículo de opinión en POLITICO Magazine, pidiéndole al titular del poder ejecutivo, Barack Obama, que “haga su trabajo” en inmigración “sin reescribir la ley y ampliar dramáticamente su acción unilateral”. Le corresponde al Congreso, recordó Boehner, legislar sobre este asunto.
La aseveración es bastante cínica considerando que la Cámara Baja ha claudicado totalmente en su responsabilidad de legislar, en inmigración y en otros asuntos. Si los republicanos no quieren que Obama use su autoridad ejecutiva para, dentro de los parámetros legales y constitucionales, priorizar las deportaciones, ¿por qué no legislan?
Porque es más rentable políticamente ―y a meses de una elección intermedia que vislumbra prometedora para los republicanos― seguir machacando el argumento de la “presidencia imperial” y de que se estaría violentando la Constitución aunque no sea cierto.
Pero en una atmósfera tan politizada y polarizada como la actual, la preocupación por las acciones ejecutivas, particularmente en inmigración, también toca a demócratas y a otras figuras que cuestionan que se anuncien acciones ejecutivas en inmigración antes de una elección, pues hacerlo movilizaría aún más a la base republicana a las urnas respondiendo a la “presidencia imperial”. Su preocupación no es tanto la Cámara Baja, que ya dan por perdida, sino el Senado, donde temen lastimar a senadores demócratas en estados conservadores arriesgando la delicada mayoría que se tambalea en noviembre. Otros temen que se establezca un precedente y que, a futuro, un presidente republicano, por ejemplo, opte por girar órdenes ejecutivas sobre asuntos controversiales cuando no haya coincidencia con el Congreso.
Es lamentable que los temas no puedan solucionarse como debería ser, legislando de manera bipartidista, y que la única opción disponible sean las acciones ejecutivas. Quienes abogamos por una reforma migratoria amplia y justa, entendemos que las acciones ejecutivas no son una panacea porque son temporales, limitadas en su alcance y pueden ser revocadas de un plumazo, sobre todo por futuros presidentes.
Pero también entendemos que a veces son necesarias. En la Cámara Baja no hay posibilidades, al menos por ahora, de legislación migratoria. El Senado les envió, desde mediados del 2013, un proyecto de reforma migratoria imperfecto, pero al fin y al cabo un vehículo para negociar. Los republicanos de la Cámara Baja ni lo debatieron, ni presentaron una alternativa, ya fuera un proyecto amplio o proyectos individuales. Ni siquiera la emergencia fronteriza los hizo recapacitar. Por el contrario, atribuyeron la crisis a la Acción Diferida (DACA) concedida a los DREAMers en 2012, aunque los recién llegados no llenen los requisitos, y aprovecharon la coyuntura para tratar de revocar la ley antitráfico de personas de 2008 y revocar DACA. Mientras tanto, la realidad sobre el terreno no cambia. Millones siguen en las sombras y con miedo a la deportación aunque realicen trabajos que mueven la economía, aunque tengan hijos y familiares ciudadanos, aunque no tengan historial delictivo y aunque lleven décadas viviendo en Estados Unidos. Es más, muchos inmigrantes con esas características han alimentado la maquinaria de deportaciones.
El presidente tiene la autoridad y la discreción de priorizar las deportaciones para que las autoridades pertinentes se centren en criminales y amenazas a la seguridad nacional y no en personas con vidas establecidas, hijos ciudadanos, con trabajo y sin historial delictivo.
Si el presidente decide ampliar DACA para conceder un alivio temporal de la deportación y permisos de trabajo a otros sectores de indocumentados, estaría ejerciendo esa discreción y no concediendo una “amnistía”, como dicen los republicanos. DACA no constituye en modo alguno una vía a la ciudadanía.
Sólo en el torcido mundo de la politiquería migratoria las contradicciones reinan: la Cámara Baja no legisla, pero acusa al presidente de creerse Rey si gira órdenes ejecutivas. Denuncian la “ilegalidad”, pero con su inacción perpetuan el statu quo de verdadera ilegalidad cuando es imposible saber quiénes están entre nosotros.
En este momento el mundo arde por las cuatro esquinas y Obama enfrenta crisis a todos los niveles. El tema migratorio siempre se relega ante otras crisis.
Pero Obama debe actuar. Para algunos tener 11 millones de indocumentados en el país no es crisis. Para las familias que viven en el limbo a un paso de la deportación lo es. También lo es para quienes ya fueron separados por una deportación y para quienes llevan años aguardando reunirse con familiares por el disfuncional sistema migratorio. Debería serlo también para quienes se preocupan por la economía y la seguridad del país,
La autoridad y la discreción existen y son legales. Si no se usaran ahora por consideraciones político partidistas es harina de otro costal. Pero lo menos que debe importarle a Obama es lo que diga una oposición republicana obstruccionista. Si no les gustan las acciones ejecutivas, que legislen.
Maribel Hastings es asesora ejecutiva de America’s Voice