Bajo el acuerdo de resolución, Taro debe pagarle al Estado de Texas una suma de 8.75 millones de dólares para el fondo de ingreso general del Estado. Debido a que el programa de Medicaid es conjuntamente pagado por los contribuyentes de impuestos tanto del Estado como de EE.UU., el gobierno federal tiene derecho a una porción de los fondos del acuerdo.
Desde el año 2000, el equipo de la Procuraduría General de Fraude Civil al Medicaid ha investigado docenas de fabricantes de farmacéuticos por reportar precios artificialmente inflados de fármacos ante el programa Medicaid. La investigación del Estado en contra de Taro encontró que por 11 años Taro violó la ley de Texas cuando reportó incorrectamente precios de varios fármacos ante el programa de Medicaid. Como resultado, Medicaid reembolsó a las farmacias por ciertos productos de las empresas mucho más de lo que debía.
Conforme a la ley estatal, los fabricantes de fármacos deben presentar informes ante el programa Medicaid que divulguen los precios que cobran por sus productos a las farmacias, vendedores al mayoreo y distribuidores. Cuando los fabricantes reportan precios excesivos por sus fármacos, el programa Medicaid rembolsa a las farmacias a niveles enormemente inflados. La diferencia entre la cantidad rembolsada y el precio real del fármaco en el mercado se conoce como el “excedente”. La Procuraduría General acusó a Taro de usar los excedentes creados ilegalmente para incentivar ilícitamente a farmacias y otros proveedores a comprar los productos de Taro.
Desde el 2002, las cantidades recuperadas por la División de Fraude Civil al Medicaid para el Estado de Texas han sido más de 500 millones de dólares, mientras que el total recuperado por el gobierno estatal y federal ahora es más de 1.46 mil millones de dólares.
Para más información sobre las iniciativas de la Procuraduría General para luchar contra el fraude al Medicaid, visite la página Internet de la agencia en www.texasattorneygeneral.gov.