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RALEIGH, Carolina del Norte -- Tras una investigación de dos años, el gobierno federal de los Estados Unidos determinó que un alguacil (Sheriff) de Carolina del Norte y sus agentes incurrieron en "discriminación racial rutinaria" contra los hispanos al realizar detenciones sin orden judicial, con la intención de elevar el número de deportaciones.
En un reporte de 11 páginas emitido el martes, el Departamento de Justicia informó que el alguacil del condado de Alamance, Terry Johnson, junto con sus agentes, violó los derechos constitucionales de ciudadanos estadounidenses al encasillar, parar, retener y arrestar a hispanos sin una causa justificada.
El organismo federal también afirmó que Johnson obstruyó la investigación federal abierta en 2010, al retener documentos solicitados y falsificar expedientes. Los investigadores señalaron también que varios miembros de la oficina del alguacil se negaron a cooperar por el temor a represalias.
El reporte recomienda varios pasos para poner fin a la discriminación por parte del Departamento, incluido entrenamiento para corregir estas acciones, nuevos procedimientos internos para reconocer e investigar violaciones a los derechos civiles, así como pasos para que las autoridades se acerquen a la comunidad. Si el condado no llega a un arreglo, el Departamento de Justicia podría denunciarlo ante una corte federal.
El Departamento de Justicia no respondió de inmediato a una petición de declaraciones sobre si la investigación podía derivar en cargos penales.
Johnson dijo a la prensa en una conferencia que los hallazgos carecen de fundamento y que el gobierno del presidente Barack Obama “ha decidido librar una guerra contra las autoridades locales”.
De acuerdo con el reporte, Johnson se refirió a los latinoamericanos como “comedores de tacos”, propensos al alcoholismo, al comercio de drogas y a cometer otros delitos. Ordenó establecer retenesespeciales en vecindarios habitados por hispanos. Los ciudadanos de piel blanca pasaban sin revisión por los retenes, mientras que personas de apariencia latinoamericana eran detenidas.
Johnson ordenó también que sus agentes detuvieran a automovilistas de apariencia hispana, incluso por infracciones menores de tránsito, mientras que a otros se les permitía que siguieran transitando y sólo se les entregaba una advertencia. Sus agentes mostraron 10 veces más probabilidades de detener a los automovilistas latinoamericanos que a quienes no lo eran, de acuerdo con la revisión federal de los expedientes de las autoridades. Los hispanos representan apenas el 11% de la población del condado.
“Si detienen a un mexicano no le escriban un citatorio, arréstenlo”, dijo el alguacil a los supervisores en su departamento, de acuerdo con el reporte.
En declaraciones públicas, el alguacil atribuyó a sus políticas un decremento en la población de hispanos.
“Sus valores y su moral son muy diferentes a los que tenemos aquí”, dijo Johnson en un artículo de prensa publicado en 2007 y citado en el reporte federal. “En México no ven nada malo en tener relaciones sexuales con una niña de 12 o 13 años”.
Un vocero del alguacil, Randy Jones, negó que Johnson haya hecho el comentario de “comedores de tacos”. Reconoció que la cita de 2007 era precisa, pero aclaró que se emitió en el contexto de una operación local contra la prostitución, que involucró a menores de edad.
Jones dijo que el departamento emitiría una declaración para rechazar buena parte de los hallazgos del reporte. Johnson no respondió de inmediato a un mensaje que le solicitaba una entrevista.
Republicano y elegido por primera vez en 2002, Johnson ha sido un vociferante promotor de un programa federal que permitía a los agentes locales verificar la situación inmigratoria de los conductores que paraban en las calles, en una maniobra que potencialmente generaba deportaciones. El Departamento de Seguridad Nacional anunció este año que suspendía el programa debido a quejas generalizadas de que incurrió en encasillamiento