Acción Ejecutiva Agridulce

MARIBEL HASTINGS

WASHINGTON, DC – Agridulce es quizá la mejor forma en que puedo describir el anuncio del presidente Barack Obama de que ampliará la Acción Diferida y unos 5 millones de indocumentados serán amparados de la deportación y obtendrán permisos de trabajo. Feliz, no saben cuánto, de que finalmente se haga algo más que hablar, prometer o criticar, algo que resultará en que al menos la mitad de los indocumentados de este país y sus familias puedan vivir más tranquilos mientras se puede hacer realidad la esquiva reforma migratoria. Sería el mayor beneficio migratorio desde la amnistía de 1986 hace casi tres décadas. Pero triste por los que quedan fuera y siguen aguardando por un alivio como este, aunque sea temporal.


Con el anuncio pasa el frenesí inicial de saber cuándo se sabría y quiénes serían los beneficiados y comienza con fuerza la pelea para defender las acciones ejecutivas de la oposición republicana que tilda la acción de Obama de ilegal y anticonstitucional, aunque expertos y las acciones previas similares de presidentes de ambos partidos atestigüen lo contrario. Desde que el Congreso aprobó la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1952, un total de 11 presidentes, desde Dwight D. Eisenhower hasta Barack Obama, republicanos y demócratas, han girado órdenes ejecutivas migratorias. En los pasados 60 años se han girado órdenes ejecutivas migratorias en 39 ocasiones diferentes.

Pero eso no impide que republicanos como el senador de Texas, Ted Cruz, enfilen sus cañones hacia Obama acusándolo de actuar como “un monarca” y de “pasar por alto al Congreso”, cuando la realidad es diferente. Las acciones ejecutivas son legales. El presidente tiene la discreción de girar cambios de política pública para aplicar las leyes existentes de manera efectiva. Más aún, Obama no está concediendo ninguna vía a la ciudadanía sino una protección temporal de la deportación. Una protección que incluso es revocable. Son personas con lazos familiares con ciudadanos y residentes permanentes que en algún momento podrían regularizarse a través de esos lazos y no lo han hecho por diversas trabas, pero mientras tanto pueden vivir sin el espectro de la separación familiar sobre sus cabezas. Y el Congreso, especialmente la Cámara Baja de mayoría republicana, claudicó en su responsabilidad de legislar y por eso se hicieron necesarias las órdenes ejecutivas.

Si realmente quisieran una solución, podrían legislar ahora mismo. La Cámara Baja puede permitir un voto sobre el proyecto S. 744 que el Senado aprobó en junio de 2013 y que languideció esperando acción republicana. Tampoco presentaron una alternativa.

O cuando asuman el control del Congreso en enero, los republicanos tienen la oportunidad de legislar partiendo de cero. La pregunta es si existirá el apetito de hacerlo en medio de la política electoral que dominará los próximos dos años y si propondrán alguna solución realista para los 11 millones de indocumentados que no sea la autodeportación. La respuesta es que difícilmente los republicanos querrán enfrascarse en esta discusión porque tendrían que definir posturas y se les hace más fácil criticar desde las gradas que gobernar.

Eso y que en plena campaña por la presidencia seguiría quedando expuesto el feo rostro del sector antiinmigrante y antilatino que ha dominado el discurso migratorio y la estrategia del Partido Republicano por los pasados años.

Es de anticipar que el anuncio de Obama salpique los asuntos pendientes en el Congreso de salida y queda por ver qué salpica en la agenda legislativa por los próximos dos años.

Ya veremos en qué quedan las amenazas republicanas de cierres gubernamentales, de demandar al presidente para que los tribunales frenen las órdenes ejecutivas y de impedir que dichas órdenes entren en vigor. Ver hasta dónde llega el veneno republicano y el efecto que todo esto tenga en la contienda presidencial de 2016. La montaña rusa continúa.

Pero por ahora quiero procesar que finalmente, en el sexto año de su presidencia, Obama actuó aunque haya sido mediante orden ejecutiva; que casi 50% de la población indocumentada del país tiene un alivio temporal.

Una buena amiga me dijo hace un par de noches que temía que el anuncio la dejaría fuera. Todavía no sé si la beneficia o no.

Pero como le dije a ella, le digo a los demás: este anuncio es otra etapa de una lucha que aún no termina. Una lucha encabezada por los propios inmigrantes cuyos logros se han ganado a pulso. Sé que es fácil pedir ánimo y optimismo cuando no es uno quien vive en esa constante incertidumbre, pero la esperanza es lo último que se pierde. Es la única forma en que seguiremos presionando hasta hacer realidad la reforma migratoria.

Va por esa buena amiga y por los otros millones que aún esperan.


Maribel Hastings es asesora ejecutiva de America’s Voice


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