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| Maribel Hastings |
¿Debe la nación crear una subclase permanente de trabajadores que ofrezcan mano de obra barata sin tener la opción de aspirar a la ciudadanía con todos los derechos que eso supone, incluyendo votar? La respuesta es que no.
En 1997 la Comisión Estadounidense sobre Inmigración concluyó que "la naturalización es el acto más importante que un inmigrante legal toma en el proceso de hacerse estadounidense. Tomar este paso le otorga al inmigrante todos los derechos y las responsabilidades de participación cívica y política que ofrece Estados Unidos".
El Centro de Política Migratoria (IPC, por sus siglas en inglés) considera que “cualquier tipo de estatus legal que impide el derecho de solicitar la naturalización definirá a esa nueva población legalizada como permanentemente separada pero no igual en detrimento de los inmigrantes y de toda la sociedad estadounidense”.
Dato clave
En el marco del actual debate migratorio, muchos han citado un estudio del Centro Hispano Pew como evidencia de que los inmigrantes están más interesados en obtener un permiso de trabajo que en la vía a la ciudadanía que se contempla en los principios migratorios esbozados por el presidente Barack Obama y por el grupo de ocho senadores bipartidistas, aunque los detalles para arribar a esa ciudadanía varíen y no se hayan definido.
El argumento es que el estudio en cuestión señala que la tasa de naturalización de los inmigrantes legales de nacionalidad mexicana es de apenas 36% y la mayor parte de los indocumentados en el país son mexicanos.
El estudio agrega, empero, que 68% de todos los inmigrantes legales que no son mexicanos se hacen ciudadanos. Más aún, 93% de los inmigrantes que no se han naturalizado sí aspiran a hacerlo pero citan el costo y los requisitos del inglés como razones para no hacerlo.
Como señaló la congresista demócrata de California, Zoe Lofgren, integrante del panel Judicial de la Cámara Baja y ex abogada de inmigración y profesora de leyes: “Con la excepción de la esclavitud y la Ley de Exclusión de Chinos, nuestras leyes nunca han impedido que las personas puedan convertirse en ciudadanos y no debemos empezar a hacerlo ahora”.
Obviamente hay restricciones a la naturalización, como por ejemplo, a extranjeros convictos de ciertos crímenes que no se adhieran al concepto de “buen carácter moral” contemplado por el Acta de Inmigración y Naturalización.
Opción cuidadanía
Pero cualquier legislación que emerja del Congreso debe conceder la opción de que esos inmigrantes que regularicen su situación puedan aspirar a la ciudadanía.
Republicanos en la Cámara Baja parecen inclinados a favorecer la legalización sin vía a la ciudadanía. Con una población indocumentada mayormente hispana, ¿qué motivaciones tienen los republicanos para tratar de impedir que inmigrantes hispanos tengan la opción de hacerse ciudadanos? ¿Elitistas, raciales, políticas?
Además de honrar la tradición inmigrante de este país, también hay consideraciones económicas para promover la ciudadanía. Un reporte del Instituto de Política Migratoria (MPI, por sus siglas en inglés) señala que obtener la ciudadanía supone que los ingresos de los inmigrantes vean un alza de al menos 5%. Según el reporte, las razones para esto son difíciles de precisar, pero pueden deberse, entre otras cosas, a que se envía a los empleadores una “señal de integración exitosa”.
El Centro de Política Migratoria (IPC), que cita este reporte del MPI en su reciente informe “Los Beneficios De La Ciudadanía,” también alude a un estudio del Centro para el Estudio de la Integración de los Inmigrantes, de la Universidad del Sur de California (USC), que concluye que si los casi nueve millones de residentes permanentes elegibles para la ciudadanía se naturalizaran, sus ingresos por los próximos diez años aumentarían entre 21 mil y 45 mil millones de dólares.